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Narcotráfico en la Dictadura

A pesar de que esto es un secreto a voces, poco se ha desarrollado esta línea investigativa. La mayor parte de la pruebas surgen de rebote por pesquisas asociadas a las violaciones de los DDHH. Conversamos con dos periodistas que sí lo hicieron: Rodrigo de Castro, autor de “La Delgada Línea Blanca” y Manuel Salazar, autor de “Traficantes & Lavadores”, para que nos ilustraran sobre el tema. Ambos coinciden en la idea que el negocio del tráfico en Chile era controlado por los aparatos de inteligencia y seguridad del régimen, la DINA primero, la CNI después. Las evidencias así lo confirman.

Por Leonardo Cifuentes Svilanovich.

Previo al golpe, Chile ya tenía cierto protagonismo internacional en el tema drogas. Manuel Salazar, periodista y autor de “Traficantes & Lavadores”, recuerda que a mediados de los 60’s, nuestro país empezaba a vincularse con el tráfico y la producción de cocaína. Dentro de este contexto, Estados Unidos, el destino principal de esta droga, sabía que parte de la policía civil chilena estaba involucrada en la producción y tráfico de drogas, y es justamente por ello que empieza a entablar relaciones con la rama armada del Servicio de Aduana chileno, el Departamento de Investigaciones Aduaneras (DIA): “les pasaron armas, los llevaron a Estados Unidos y los capacitaron. Eran los encargados de revisar buques, y hacer todas las investigaciones correspondientes que pedían los tribunales y que les sugerían los estadounidenses”, detalla Salazar.

Por eso cuando vino el Golpe, los marinos reprimieron ferozmente al DIA: “Les preocupaba mucho el arsenal que tenían: armas modernas, automáticas. Y también reprimieron a los agentes que tenía el DIA en el Norte”, explica.

Producto de estos hechos, muchos productores y narcos fueron detenidos y trasladados has Estados Unidos, donde además de ser liberados muy pronto, son llevados por los nacientes carteles colombianos y bolivianos para producir cocaína. “Son lo que se llaman ‘cocineros’, ‘laboratoristas’, algunos con conocimientos académicos de química, otros no, y se produce la explosión de producción de cocaína en Bolivia y Colombia. En Chile, en cambio, desaparece a nivel masivo”, agrega el periodista.

De hecho, justo antes del 11 de septiembre, el DIA investigaba el contrabando de cocaína entre Chile y Bolivia. Un ejemplo de ello fue el caso de Mario Acuña, juez de Iquique, contra quien se tenían pruebas suficientes para vincularlo con dos poderosos narcotraficantes. Ni antes ni después del Golpe fue procesado, y los papeles que alguna vez contuvieron acusaciones en su contra, se perdieron en el camino. Finalmente, tanto él como los traficantes involucrados terminaron libres.

Los palos blanco de la DINA

Nueve meses antes del Golpe, Manuel Contreras, ultraderechista y máxima autoridad del Ejército en San Antonio para fines del ’72, realizaba un trabajo de inteligencia gigantesco junto al movimiento Patria y Libertad y otros conspiradores que pretendían derrocar a Allende. Dentro de este escenario, centenares de civiles y uniformados nacionalistas trabajaban bajo su mando en todo el país. De esta forma, y según detalla el periodista Rodrigo De Castro, en su libro “La delgada línea blanca”, “Al cabo de pocas semanas (tras el 11), Contreras manejaba más información que todos los aparatos de seguridad. En esos días decenas de militares civiles de Patria y Libertad entraron a formar parte de la Brigada de Inteligencia Ciudadana de la futura Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)”.

Manuel Salazar confirma estos hechos: “En pocos meses, incluso antes del decreto que la legalizó en junio de 1974, la DINA contaba con miles de informantes pagados en todo el país. Manejaba clínicas, oficinas de telecomunicaciones, bufetes de abogados, empresas de fachada de diversa índole, un centro de estudios económicos con más de veinte economistas, agencias de viajes, empresas de transportes, grupos operativos de asalto, y diversos centros de detención en todo el país. Antes de que el cuerpo de generales del Ejército que organizó el golpe militar se diera cuenta, la DINA se había transformado en un verdadero gobierno paralelo.”

Con todo esto, ¿cómo financiar esta clase de operaciones? Los viajes y las misiones diplomáticas fueron una buena chance para generar lazos…y también ganancias. Bastó que Contreras instalara sus hombres en las embajadas de Chile más estratégicas, en las oficinas del salitre (Soquimich) y del cobre (CODELCO), en Europa y EE.UU, y también en LAN, donde muchos pilotos y azafatas se transformaron en agentes y correos de la DINA fuera del país.

Nexos y alianzas con narcos del extranjero

Fue dentro de estas acciones, que Contreras envió a Europa al teniente coronel Hugo Prado Contreras. La misión era clara: fortalecer la red internacional de la DINA con alguna organización de criminales de guerra, grupos paramilitares y terroristas de extrema derecha, sectas y asociaciones secretas que muchas veces, amparadas por servicios de inteligencia, recurrían al secuestro, la extorsión, el asalto de bancos yal tráfico internacional de armas y drogas para solventar sus propios gastos.

Fruto de estas relaciones, llegó a Santiago Stefano Delle Chiaie, que en 1970 había sido encomendado a formar células terroristas en Italia, y que más tarde habría sido señalado como el contacto de la mafia siciliana con las dictaduras latinoamericanas. Delle Chiaie había gestado nexos con José López Rega, ministro de Bienestar Social y fundador de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), que permitirían el atentado contra Carlos Prats en Buenos Aires. Michael Townley, el agente estadounidense de la DINA que perpetuó el asesinato, fue premiado con una vivienda adquirida por dicha institución en Vía Naranja; una exclusiva calle en las faldas de la Cordillera.

En se lugar, el norteamericano tenía bajo su mando a dos bioquímicos, siendo Eugenio Berríos uno de ellos: pieza clave de Contreras para su proyecto de guerra química y biológica, y a quien se le descubriera tras huir, en 1991, un laboratorio para la elaboración de cocaína. Una historia que no terminó bien: el año ’95, un grupo de pescadores descubrió en una playa cerca de Montevideo el cuerpo de Berríos. “Lo encontraron con dos balazos en la nuca, las manos amarradas con alambre, y enterrado boca abajo” – describe Salazar.

El 6 de febrero del 75, Townley y su esposa llegaron a Miami con la misión de fortalecer los lazos con los grupos anticastristas cubanos que, junto con los neofascistas italianos, conformarían el brazo armado de la DINA en el exterior. En Miami, el anticomunismo extremo había sido absorbido por la mafia ítaloamericana y sus redes de comercio ilegal de drogas. Grayston Lynch, adiestrador de la CIA, dice en el periódico de Florida St. Petersburg Times (año ’82) que, para los cubanos expertos en inteligencia, sabotaje y penetración de fronteras, el tráfico de drogas era “un juego de niños”.

A partir del ’77, funcionarios del Gobierno de James Carter, a raíz de la violación sistemática de derechos humanos en Chile, presionaron al gobierno de Pinochet para terminar con las actividades de la DINA, financiada con el narcotráfico. (“Cocaine Politics”, 1998). En ese período, la DEA buscaba con urgencia a Alfonso Rivera, personaje que monopolizaba la producción de pasta base y cocaína en Perú, y que habría contado con el contacto de un alto oficial del Ejército de Chile según un informante de la propia DEA (“The Underground Empire”, 1986).

Del caso Letelier al narcotráfico

Saul Landau y John Dinges, periodistas estadounidenses, escriben en su libro Assassination on Embassy Row, acerca del asesinato de Orlando Letelier: “Pinochet entregó a la DEA un avión lleno de traficantes de cocaína detenidos después del Golpe Militar. El Gobierno de Allende, recién derrocado, fue culpado de tráfico. Contreras pudo así colocar a sus propios hombres en los laboratorios de cocaína y en los puntos de distribución, bajo la protección de la DINA. Las enormes ganancias fueron destinadas a fortalecer el presupuesto clandestino de la DINA”.

El tráfico de drogas aparecería desde el comienzo de la investigación: “Donde el FBI ponía los ojos, había droga. Pero nosotros no estábamos preocupados del tema de las drogas, estábamos investigando el asesinato de Letelier y Ronnie Moffit. No le dimos mayor importancia” – dice Landau. Para la segunda mitad de los ’70, las agencias antinarcóticos de Estados Unidos contaban con una serie de antecedentes que vinculaban a la inteligencia militar chilena con el narcotráfico internacional.

Casi toda la información que existe sobre la historia de las relaciones de la DINA con grupos narcoterroristas cubanos, se reduce a las investigaciones del FBI en torno al caso Letelier y las declaraciones otorgadas por Townley a la justicia de EEUU.

En este sentido, la visión de Rodrigo de Castro es categórica: “Todos los narcos que hablan, mienten. Son verdades a medias. Es evidente que algo hay. Si tú tienes muchas piezas, inferir las que te faltan no es tan difícil”. En su libro, escribe: “A la luz de las conexiones de los cubanos con el narcotráfico, las confusas explicaciones dadas por Otero, Morales y Bosch (el primero, espía de la DISIP, inteligencia venezolana; Morales, narcotraficante; y Bosch, dirigente cubano anticastrista, que habría sido recibido en Chile por el propio Pinochet en el edificio Diego Portales, en 1974. Todos implicados en el caso Letelier) al FBI sobre su ruptura con la DINA, parecen más bien la consecuencia de una simple disputa entre gángsters por el robo de mercadería o una desavenencia por el control territorial de un determinado mercado de drogas”.

Episodios de la PDI, SII y otros

Según detalles proporcionados por el periodista, “ministros en visita encargados del caso Riggs abrieron cuadernos especiales para dedicarse exclusivamente a la veta del narcotráfico. Avanzaron muy poco. No sé por qué. Si acaso fuese probado judicialmente, se trataban de todos delitos prescritos. Habían pasado por lo menos 10 años”.

El relato y sus detalles no dejan de sorprender: “El General Toro, el primer director de la PDI que designó Aylwin, forma un núcleo de confianza, porque muchos funcionarios de Investigaciones estaban involucrados en narcotráfico. Hasta que llegaron al tema de Bathich, y se encontraron con que éste estaba protegido por la inteligencia militar”. Yamal Edgardo Bathich Villarroel era el primo y representante en Chile del sirio Monzer Al Kassar, uno de los traficantes de armas y drogas más poderosos del mundo.

Marco Antonio Pinochet -hijo de Augusto- y Bathich eran amigos desde fines de los ’70. Yamal había tenido negocios con Arturo Pinochet: compraron chatarra a la División de Chuquicamata de CODELCO, y cuando Marco Antonio regresó a Santiago, coincidieron como empresarios en varios negocios. La empresa Bathich Motoren Limitada, dedicada a la importación y venta de motores usados diesel era uno de ellos. Marco Antonio era representante en Chile de la línea de lanchas Chaparral; se lo veía en las oficinas de la empresa de Yamal: Las lanchas Chaparral se comercializaban en Chile a través de Bathich Motoren Ltda, predecesora de Focus Chile Motores S.A. El abogado Héctor Novoa Vásquez (hermano de Jovino Novoa) se encargó en 1986 de constituir en Panamá la United Trading Motors Corp., sociedad que hizo el aporte del 90% del capital de la empresa de Bathich. En abril de 1988, por decreto de la Dirección de Aeronáutica, Chile Motores S.A. consiguió el funcionamiento de un helipuerto en sus terrenos. Los aparatos podían moverse sin que las torres de control de la aeronáutica civil fueran informadas necesariamente.

A fines de 1989, Jesús Ochoa Galvis se había instalado en el país. Se trataba del primo de los Ochoa Vásquez, una de las familias que manejaba el cartel de Medellín. Ellos mantenían relaciones con Monzer Al Kassar: era algo que había quedado establecido en procesos judiciales. Lo que llamó la atención de Toro una vez devuelta la democracia, fue su cercanía con Yamal Bathich. Ochoa todos los días iba a las dependencias de Focus Chile Motores S.A. y, por otro lado, Héctor Novoa aparecía como el rostro legal de las empresas de Ochoa, mientras presidía el directorio de Focus Chile Motores. Los otros dos directores eran Bathich y Alex Jacob Neder.

“Al no prosperar las investigaciones de Toro debido a las presiones, metieron al Servicio de Impuestos Internos. Llegó un inspector a hacerle una auditoría a Focus Chile Motores – que era en realidad de Monzer Al Kassar: hoy día él está preso en EEUU.” – comenta Rodrigo. En efecto, tras el breve arresto de Bathich en el aeropuerto de Barajas en España junto a Monzer Al Kassar, el SII llegó a las dependencias de Focus, donde descubrieron irregularidades. Pero fiel a esta historia, el fiscalizador a cargo le pidió a Alex Jacob un soborno de $35 millones de pesos para llegar a un arreglo. Sin embargo, y a pesar de que dicho dinero fue pagado, el funcionario de SII, a cambio de solucionar el problema de raíz, pidió $200 millones más. Un hechi que significó su posterior detención y la sorpresiva llegada de más fiscalizadores hasta Focus, a quienes se les negó la entrada. Acto seguido, Carabineros se trasladó hasta el recinto, donde vieron documentación contable desordenada y signos de que parte de ésta había sido retirada. Pero no era la única sorpresa: en la oficina de Jacob, hallaron una pistola UZI con visor láser, dos escopetas Winchester, un revólver Astra calibre 3657 y 200 cartuchos sin percutir.

Finalmente, el personal del SII selló los muebles con documentación y clausuró las dependencias. Eran las 3 AM. por lo que dejaron a una pareja de Carabineros de guardia hasta el día siguiente. A las 9 am. se encontrarían con varios sellos rotos y muestras de papeles incinerados. Tanto Bathich como Neder y Ochoa se encontraban prófugos. Sin embargo, Héctor Novoa fue declarado reo casi de inmediato. “Se declaró deprimido, lo metieron en una clínica, y así evitó pasar por la cárcel” – nos cuenta De Castro. Solo en 1999, Bathich, Novoa y Jacob fueron multados y condenados a penas inferiores a 302 días.

Todos en el mismo saco

Para Rodrigo De Castro, todos estaban metidos en esto: “Si la DINA y agentes de la CNI estaban metidos, también los peruanos lo estaban. Si no lo hacías, quedabas fuera. Eso es la gran hipocresía de la guerra contra las drogas. Por una parte, se gastan sumas millonarias en combatirlas; y, por otra, el mismo Estado se dedica a amparar el narcotráfico por motivos políticos […] En este contexto global, el que los servicios de inteligencia militar chilenos hubiesen participado en narcotráfico… no podían no hacerlo. No lo estoy justificando, sino que estoy hablando de cómo son las cosas”.

“La policía, básicamente la PDI, siempre está metida en este tipo de cosas, porque es cotidiano para ellos, no les llama mucho la atención ni se preocupan mucho de eso”, agrega por su parte Salazar.

Como se puede apreciar, los intereses del narcotráfico trascienden fronteras, como un tema tabú, no solo para el común de los mortales, sino para gobiernos enteros: basta con ver que los procesos judiciales tienen relación –muchos años después– con derechos humanos o delitos económicos, mientras el tema del tráfico de drogas es derechamente esquivado u omitido. Se trata de un negocio global, algo “delicado” si se quiere, donde hay muchos intereses de por medio, inmiscuidos con servicios de inteligencia, familias poderosas, gobiernos y autoridades…tal como vimos que sucedió durante la Dictadura.

Archivo Cáñamo. Edición 77, septiembre 2013.

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