CannabisRegulación

Hablar de cannabis en el Chile de hoy

Durante junio de 2020, el gobierno de Sebastián Piñera presentó una serie de propuestas que modifican la actual Ley 20.000 –conocida como “Ley Anti Narcos”– tramitadas en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. Fundación Daya, Mamá Cultiva, Fundación Eutopía y Lamberto Cisternas, ex ministro de la Corte Suprema, formaron parte del debate en la Comisión, formulando propuestas e indicaciones, ante las carencias de la ley, para distinguir con mayor claridad entre usuarios y verdaderos traficantes.

De igual forma, en un país donde la dieta parlamentaria supera 22 veces al sueldo mínimo, podría esperarse un debate serio donde se escuchen y se adopten las regulaciones propuestas por estas entidades expertas, con la finalidad de no seguir criminalizando a usuarios, tal como propone el proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, aunque la Comisión está integrada por parte de la oposición y parte del oficialismo –de quien se puede intuir la negativa conservadora en la votación–, el personalismo político se hizo presente desde el Partido Humanista, mientras Pamela Jiles vota –nuevamente– junto a la derecha.

Es fundamental educar a la sociedad en torno al cannabis con información seria, confiable, sin un sesgo ideológico conservador, y avanzar a una política de drogas que deje atrás el prohibicionismo para enfocarse en la regulación y políticas de reducción de daños. Es imperante determinar medidas que prioricen la información, educación preventiva, consumo responsable y planes frente a consumo abusivo. Debemos quitarle el estigma al debate en torno a drogas y fomentar la investigación de éstas –legales o ilegales– y sus efectos tanto en la salud de sus consumidores, como en los efectos sociales que pueden producir.

Atacar a consumidores de cannabis no es atacar al narcotráfico, pero disminuir la oferta con una legislación que incorpore un mercado regulado que proteja el derecho al consumo, producción y autocultivo, deja fuera del escenario a los traficantes como intermediarios.

Una regularización seria implica un control efectivo, con mecanismos que permitan determinar situaciones que puedan constituir un riesgo para la sociedad. Dejar de desperdiciar recursos económicos y humanos en la persecución de usuarios de cannabis y regularizar el cultivo y mercado de este –mercado que ya existe– podría beneficiar económicamente al país: a partir de impuestos, generando empleos, fomentando investigaciones, desarrollando de nuevas tecnologías y redistribuyendo los recursos obtenidos de esta industria a los sectores de salud, educación y tratamiento de abuso de drogas. Dentro de un régimen de mercado regulado, cumpliendo estándares agrícolas amigables con el medio ambiente, el cultivo industrial de cáñamo aparte de tener efectos positivos en la reducción de la contaminación, otorgaría a sus consumidores un producto de pureza conocida, comercializada en dispensarios establecidos, con sus especificaciones etiquetadas.

El cáñamo en nuestra historia

El cáñamo fue un material indispensable en el mundo y en el territorio chileno desde la conquista hasta la segunda mitad del siglo XX. Como materia prima, el cáñamo era un bien de primera necesidad para el desarrollo naviero y textil, demostrando con el tiempo su versatilidad de usos como medicina, material de construcción, biocombustible, alimento y vestimenta.

El cultivo de cáñamo en nuestro país se desarrolló bajo fomento gubernamental durante los siglos XIX y XX, promoviendo la diversificación agrícola y beneficiando la economía nacional, en mayor medida proveniente de plantaciones del Valle Central. A partir del siglo XIX, el fomento a la industria cañamera chilena contribuyó a importantes innovaciones tecnológicas para su producción y cosecha, alcanzando su punto de mayor importancia en el siglo XX durante la Segunda Guerra Mundial.

La segunda mitad del siglo XX se vio marcada por el declive de la industria del cáñamo debido a la introducción de fibras sintéticas al país y el comienzo del todavía vigente estigma al consumo lúdico o recreativo. Nuestras autoridades, influenciadas por el prohibicionismo estadounidense, ilegalizaron en 1973 el tráfico de estupefacientes y criminalizaron a usuarios y cultivadores de cannabis a través de la ley N°17.934. Doce años más tarde, durante la dictadura, se endurecen aún más las sanciones al tráfico de drogas y estupefacientes, siendo las reformas posteriores a la ley de drogas enfocadas mayormente a las penas y a las sustancias que incluye en su contenido.

Con el retorno a la democracia se implementa la ley N°19.366 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, siendo posteriormente reemplazada con la ley que nos rige actualmente en materia de drogas: la ley N°20.000. Dicha ley no define cantidades ni criterios objetivos, por cual su ambigüedad permite que se utilice en contra de la gente.

¿Continua el estigma en el 2020?

Actualmente, Chile se ubica dentro de los principales consumidores de cannabis a nivel mundial, y la marihuana se posiciona como la sustancia ilícita de mayor consumo en nuestro país. La normativa vigente permite el consumo para la atención de un tratamiento médico o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, por lo que, al no constituir tráfico ni atentar contra la salud pública, no es un delito. Sin embargo, a pesar de que la ley N°20.000 permita lo anterior, en reiteradas ocasiones se han vulnerado –y se vulneran– los derechos de usuarios de cannabis al perseguir el autocultivo y criminalizando el consumo de usuarios.

Nuestra actual política de drogas está frecuentemente transgrediendo los derechos de usuarios de cannabis. Es inexplicable la persecución policial hacia el autocultivo de cannabis sin orden del Ministerio Público, incluso a pesar de contar con una prescripción médica. En ese sentido, durante 2002 y 2019 se produjeron más de 750 detenciones por detenciones por infracción a la ley de drogas. De ellas, cerca de 550 mil correspondería principalmente a personas usuarias: 108.063 detenciones por consumo, 413.263 detenciones por porte y 25.468 detenciones por cultivo, según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por otro lado, durante el 2019 y el 31 de agosto 2020, según datos solicitados a Carabineros mediante el Portal de Transparencia, se realizaron 218.121 decomisos de plantas de cannabis a nivel nacional.

El estigma hacia esta planta se ha mantenido en la sociedad desde el cierre de puertas laborales a consumidores, hasta incluso una discriminación en el ámbito institucional. Razones ‘’morales’’ y retrógradas bastan para frenar una efectiva legislación dentro de nuestro modelo político y social que hoy se encuentra en decadencia. Nuestra política de drogas persigue a usuarios de cannabis bajo la premisa de que son narcotraficantes violando principio jurídico de inocencia: eres culpable hasta que se demuestre lo contrario.

En esta ‘’guerra contra las drogas’’, no está penalizado el autocultivo ni el consumo –medicinal o recreativo–, sin embargo, estas figuras son frecuentemente criminalizadas y perseguidas, constituyendo una vulneración constante a la dignidad y libertad personal: qué consumir o no consumir es una decisión individual, más aún si estamos frente al derecho de elegir nuestra propia medicina. El uso de cannabis medicinal está estrechamente vinculado con el derecho a la salud – que nuestra constitución no garantiza -, y tanto como el consumo recreativo, ambos se relacionan con la soberanía y autonomía personal, considerando en todo momento que nuestra libertad se termina cuando empieza la del otro.

Una tarea pendiente

Finalmente, a días de que el país manifestó en las urnas una aprobación de casi un 80% para escribir una Nueva Constitución mediante una Convención Constitucional, es de especial importancia la acción colectiva y organizada de nuestra comunidad cannábica.

Debemos apuntar que se garanticen y se protejan nuestros derechos y libertades como usuarios de cannabis, tanto como el derecho a la salud de los miles de usuarios medicinales para realizar sus tratamientos. Para ello, se hace necesario posicionar en la agenda pública una correcta capacitación –y refundación– de nuestra deslegitimada policía, en torno a la legislación vigente y el Estado de Derecho. Es crucial democratizar la discusión, hacernos parte y comenzar a educar e informar, en primer lugar, en nuestros espacios más próximos, para lograr avanzar hacia una política de drogas que se aleje del prohibicionismo y nos reconozca como sujetos de derecho.

Por Catalina Riquelme
Ex Presidenta Centro de Estudiantes de Ciencia Política, Universidad de Chile

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