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Alcalde de Nueva York ordena a policías no arrestar consumidores de marihuana

El alcalde Bill de Blasio, ordenó a la policía que modifique sus tácticas tras las denuncias por detenciones raciales. Las estadísticas reflejan que el 86% de los detenidos  por consumo son negros o de origen latino.

En Nueva York las personas afrodescendientes tienen ocho veces más posibilidades de ser detenidas que un blanco, pese a que el nivel de consumo es similar. El comisario jefe de la NYPD, James O´Neill, niega que sus policías actúen siguiendo un “patrón racial”, aunque sí admite que se deben revisar las prácticas.

El propósito, explicó Bill de Blasio, es concentrar la actuación policial en los casos que representen un riesgo para la seguridad pública, y conseguir al mismo tiempo una aplicación que sea consistente con los valores de justicia, para reforzar la “confianza” de las comunidades hacia la labor de los agentes. “Debemos poner fin a detenciones innecesarias y a la disparidad en la aplicación de las leyes”, insistió el alcalde.

“Esta disparidad es intolerable”, denuncia el reverendo Al Sharpton, “debe acabar”. El debate sobre la actuación policial sucede mientras el Estado de Nueva York trata de decidir legalizar la marihuana. Los fiscales del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, y de Brooklyn, Eric González, anunciaron también que desde agosto no procesarán a la mayoría de las personas arrestadas por consumir hierba.

“La doble misión de la oficina del fiscal”, señala Vance, “es una ciudad segura y un sistema judicial más equitativo. Los arrestos y procedimientos penales predominantemente contra negros e hispanos no sirven a estos objetivos”. González añade que hay que hacer más para garantizar que el sistema sea justo. Pero también señala que se debe establecer una serie de excepciones en el ámbito de la seguridad.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quiere formar un grupo que estudie los beneficios de la legalización de la marihuana. El cannabis se ve cada vez menos como una puerta de entrada al consumo de estupefacientes. En paralelo, se calcula que podría aportar más de 335 millones de dólares en ingresos fiscales a la ciudad y otros 435 millones al conjunto del Estado.

Fuente: El País

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