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Abril 15, 2019

El pasado martes 9 de abril, después de once meses de atropello a sus derechos humanos, se levantó la medida cautelar de arresto domiciliario a Ivo Mena, paciente usuario de cannabis medicinal de Fundación Daya Quilpué.

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Ivo padece de un dolor rotuliano severo crónico, que mejoró considerablemente tratándose con cannabis medicinal. El año pasado, el Ministerio Público recibió denuncias de tráfico, dejándolo con arresto domiciliario desde el 23 de mayo. Sin embargo, en casi un año de investigación, solo le logró acreditar tenencia de plantas y flores de cannabis.

A cargo de la defensa de Ivo, estuvo el  abogado Pablo Angulo, especialista en la ley 20.000, quien colabora con Fundación Daya representando a usuarios medicinales que son injustamente criminalizados y víctimas de mucha desinformación por parte de autoridades, fiscales y abogados.

“Pese a que Fiscalía intentó desviar el foco, la magistrada encontró que no era necesaria esta medida cautelar porque Ivo ya había pagado la fianza. Ahora estamos a la espera para hablar con Fiscalía para ver una solución más rápida para esta causa”, afirmó Pablo Angulo.

Claudia Reveco, jueza del Juzgado de Garantía de Limache, reconoció la injusticia de este caso, devolviéndole su libertad a Ivo y afirmando que “se investiga para detener, no se detiene para investigar”.

Como Fundación hemos prestado nuestro apoyo a Ivo y lo hemos acompañado en este difícil camino. Ana María Gazmuri, directora ejecutiva de Fundación Daya, junto a Paulina Bobadilla, presidenta de Mamá Cultiva y otros miembros de ambas organizaciones estuvieron presente durante la audiencia, apoyando a la familia Mena

Nada de esto ha sido fácil, y si bien hay felicidad por volver a disfrutar de la libertad, es imposible olvidar la injusticia de la desproporcionada medida. “Todavía estoy asimilando la noticia, viviendo la vuelta a la realidad. Tuve que abstraerme para poder soportar la injusticia, y ahora estoy cayendo en cuenta de todo lo que significó estar 11 meses en arresto domiciliario”, cuenta Ivo.

El caso de Ivo es sólo un ejemplo del calvario que viven cientos de familias, que a diario ven vulnerados sus derechos. A pesar de que aún hay mucho camino por recorrer, informando y educando, ya son varios los jueces que han observado que en la práctica no se reconoce el derecho fundamental de presunción de inocencia, sino que se le exige a los imputados y sus defensas probar inocencia.  

La semana pasada, la Defensoría Penal Pública presentó un recurso de amparo a favor de  Rodrigo Barraza, quien cultivaba cannabis para su hijo con autismo. La Corte Suprema revocó de manera unánime  la sentencia de arresto domiciliario, sustituyendola por firma quincenal mientras dura la investigación.

Por esto, desde Fundación Daya recalcamos la importancia del proyecto #LeyCultivoSeguro, modificación al Código Sanitario que permitirá que la prescripción médica sea autorización suficiente para el cultivo y cosecha personal de cannabis, para limitar las facultades de detención o incautación, cuando no hay antecedentes de tráfico.

#LeyCultivoSeguro fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, pasando a su segundo trámite constitucional en la Comisión de Salud del Senado. Es importante destacar que el proyecto cuenta con el apoyo transversal de senadores como Carlos Montes (PS), Manuel José Ossandón (RN), José Miguel Durana (UDI), Jorge Pizarro (DC), Juan Ignacio Latorre (RD), Ricardo Lagos Weber (PPD), entre otros.

Fuente. Fundación Daya


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